En las últimas semanas, el Congreso aprobó una serie de iniciativas legislativas planteadas por ellos mismos, que implican un mayor gasto público sin financiamiento. Según un reciente informe del Consejo Fiscal (CF), destacan: a) la nivelación de las pensiones de maestros jubilados y cesantes a la remuneración íntegra mensual, con un costo no menor a S/8 mil millones anuales; b) la modificación del régimen pensionario militar y policial del Decreto Legislativo 1133, que implicaría aproximadamente S/15 mil millones en total; y c) el otorgamiento de mayores beneficios laborales a los trabajadores CAS, con un costo cercano a S/3 mil millones anuales.

Las dos primeras medidas, vinculadas a pensiones, reabrirían mecanismos de la antigua y derogada “cédula viva”, cuya eliminación tomó años de esfuerzo desde el Ministerio de Economía y Finanzas. Estas normas generarían un efecto espejo entre el personal en actividad y el retirado, incrementando de manera automática el gasto previsional. A ello se suma que estas decisiones complican aún más el manejo fiscal, pues no se han incorporado otras medidas de gasto aprobadas entre agosto y diciembre de 2025 en el presupuesto 2026, que ya contempla un incremento históricamente elevado de presiones fiscales, dificultando el cumplimiento de las reglas fiscales.

El Consejo Fiscal advierte, además, que el Parlamento, al aprobar estas leyes, y el Poder Ejecutivo, al no observarlas, incumplen de manera directa y explícita la normativa vigente que prohíbe al Congreso tener iniciativa de gasto. Se trata de una vulneración clara del marco fiscal que debería regir la acción del Estado.

Por otra parte, el Poder Ejecutivo, al abstenerse de llevar ante el Tribunal Constitucional (TC) normas abiertamente inconstitucionales, deja de ofrecer una respuesta institucional clara y oportuna para salvaguardar la sostenibilidad de las finanzas públicas.

En este contexto, si el Ejecutivo busca demostrar un compromiso real con la disciplina fiscal, resulta indispensable que actúe en consecuencia. Ello implica, entre otras medidas, plantear acciones de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional frente a leyes que incrementan el gasto público sin sustento. No hacerlo erosiona la credibilidad de la política fiscal.

Más aún, cuando no son pocos los congresistas que buscan réditos electorales mediante normas que expanden el gasto sin financiamiento —en una lógica evidente de clientelismo político—, la pasividad del Ejecutivo no hace sino agravar el problema. En ese escenario, queda en entredicho cuán genuino es el compromiso con un manejo responsable de las finanzas públicas en el país.