a Infobae, la reunión, que tuvo lugar en Salta, no fue del todo amistosa. No solo por la discusión en torno a ese proyecto, si no porque los gobernadores acumulan, además de los recortes de fondos, una serie de reclamos que por ahora no tuvieron respuesta por parte del gobierno. Por ejemplo, el freno de la obra pública por el que, según Gustavo Weiss, el presidente de la Cámara de la Construcción, ya repercutió en 100.000 puestos menos de trabajo de forma directa.

(Télam)

Fue, por cierto, uno de los reproches que la vicepresidenta Victoria Villarruel formuló en su entorno durante las negociaciones por el DNU 70 que, al final, fue rechazado por el Senado. “No tenemos nada para ofrecerles a los legisladores”, se quejaron entonces desde la Cámara alta.

Es, en ese sentido, una de las críticas que también sobrevuela cada vez más las conversaciones de los funcionarios de la administración porteña, a pesar de que Jorge Macri está decidido a colaborar con el proyecto de Milei. Al reclamo por el no cumplimiento del fallo de la Corte suprema, que resolvió, en diciembre del 2022, en favor de la cautelar presentada por la Ciudad tras la poda de la coparticipación, se sumó en estas últimas horas el pedido para que los casi 2.000 presos que están alojados en calabozos porteños pasen de manera urgente a cárceles del Servicio Penitenciario Federal.

En el temario que se negocia por estas horas circula además la opción de incluir una reforma laboral acotada o una modificación a la normativa vigente similar a la que se estableció en el capítulo del DNU ideado por Federico Sturzenegger, y frenado por la Justicia. Es un tema que incorporaron los legisladores del PRO en las reuniones que mantuvieron en estas semanas con el Ejecutivo, y que consideran clave para el proceso de recuperación de la economía una vez que el gobierno logre sortear estos meses de ajuste, caída del consumo y profunda recesión. No se sabe aún a qué costo.