La muerte de un ciudadano mexicano en un centro de detención migratoria en California llevó al Gobierno de México a escalar su reclamo ante instancias internacionales. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que su administración llevará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) los casos de connacionales fallecidos bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

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La decisión fue anunciada luego de conocerse el fallecimiento de José Guadalupe Ramos-Solano, un migrante mexicano que se encontraba retenido en el Centro de Procesamiento de Adelanto, en California. Según información divulgada por ICE, el hombre fue hallado inconsciente y sin respuesta el pasado 25 de marzo dentro de las instalaciones y posteriormente fue trasladado a un hospital, donde se confirmó su muerte.

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Durante su conferencia matutina, Sheinbaum indicó que México no solo acudirá a la CIDH, sino que además enviará comunicaciones a autoridades estadounidenses para expresar su inconformidad por las condiciones de atención en ese centro de detención. La mandataria insistió en que debe haber una investigación clara sobre este caso y sobre las demás muertes registradas en instalaciones migratorias.

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El anuncio se produce en medio de una creciente preocupación de las autoridades mexicanas por el número de connacionales fallecidos mientras permanecían bajo custodia del ICE.De acuerdo con cifras citadas por la Cancillería, al menos 14 mexicanos han muerto en centros de detención migratoria desde el endurecimiento de la política migratoria estadounidense.

Uno de los puntos que más preocupa al Gobierno mexicano es la situación del centro de Adelanto, donde, según funcionarios consulares, se han concentrado varios de estos casos. Las autoridades mexicanas han advertido sobre posibles fallas en la atención médica, así como sobre deficiencias estructurales en las condiciones de reclusión.

La encargada de Protección Consular y Planeación Estratégica de la Cancillería mexicana, Vanessa Calva Ruiz, aseguró que el caso de Ramos-Solano “no es aislado”, sino que refleja una tendencia alarmante. Según explicó, México también contempla respaldar acciones legales en curso relacionadas con las condiciones del centro de Adelanto, además de mantener la presión diplomática para que Washington informe con mayor claridad qué está ocurriendo en estas instalaciones.

Pero más allá del anuncio político y jurídico, el caso también ha estado marcado por el testimonio de la familia del fallecido, que convirtió su dolor en una exigencia pública de justicia.

En una rueda de prensa en Los Ángeles,familiares de José Guadalupe Ramos-Solano reclamaron que se esclarezcan las circunstancias de su muerte y rechazaron que se intente reducir su historia a un expediente migratorio o judicial. “Mi papá no era un criminal, era un trabajador”, dijo su hijo, José Ramos, en una de las intervenciones más contundentes del encuentro.

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Su hija, Gloria Ramos, pidió que las autoridades digan con claridad qué ocurrió. “Quiero justicia para mi papá y justicia para todas las familias que están pasando por algo similar”, expresó. La familia también denunció que no ha recibido información suficiente y oportuna sobre las circunstancias exactas del fallecimiento.

El abogado de los familiares, Jesús Eduardo Arias, afirmó que hasta ahora no ha existido una comunicación directa y transparente por parte de las autoridades migratorias estadounidenses. Además, cuestionó que se intente presentar al fallecido bajo un enfoque criminalizante, en lugar de responder con precisión qué pasó dentro del centro de detención.

Mientras tanto, México busca que el caso no quede como un episodio aislado, sino como parte de una investigación sobre el trato a los migrantes detenidos en Estados Unidos. Con la decisión de acudir a la CIDH, el gobierno de Sheinbaum intenta elevar la presión internacional que existe sobre el ICE.