BRASILIA.- La Justicia de Río de Janeiro concedió este lunes un habeas corpus en favor de la abogada argentina Agostina Páez, acusada de racismo en Brasil. La medida, a la que tuvo acceso LA NACION, no solo le permite retirarse la tobillera electrónica y recuperar su pasaporte, sino que la autoriza expresamente a regresar a su país de origen. Sin embargo, para que se haga efectivo el levantamiento de las medidas cautelares, exige el pago de una caución de 60 salarios mínimos nacionales –cerca de 20.000 dólares– y que la joven declare su domicilio actualizado en la Argentina.

El fallo, firmado por el camarista Luciano Silva Barreto, de la Octava Cámara Criminal del Tribunal de Justicia de Río de Janeiro, revierte la postura del magistrado de primera instancia, el juez Guilherme Schilling Pollo Duarte, que había intentado mantener a la abogada santiagueña bajo vigilancia estricta en territorio brasileño.

Para el magistrado, la permanencia forzosa de Páez en Brasil, una vez finalizada la etapa de recolección de pruebas, carecía de fundamento procesal y se transformaba en un “constrangimento ilegal flagrante”. Este concepto describe una coacción o restricción a la libertad que pierde sustento jurídico al no haber más pruebas que recolectar, transformándose así en una pena anticipada prohibida por la ley.

“Cada día que permanece en Brasil contra su voluntad (...) representa una violación continua y progresiva de su derecho de ir y venir”, justificó, en un fallo con duras críticas al juez de primera instancia.

En ese sentido, ahondó Silva Barreto, retener a la joven en Río de Janeiro carecía de cualquier “utilidad procesal” y se había convertido en un “fin en sí mismo”. El magistrado advirtió que mantener medidas cautelares tan pesadas –como la tobillera electrónica y la retención del pasaporte– sin un motivo real para la instrucción criminal, transformaba la restricción de libertad en un castigo anticipado, algo prohibido por la naturaleza cautelar de la ley penal.

Además, el fallo destacó la desproporcionalidad de mantener a una ciudadana extranjera, abogada de profesión y sin antecedentes penales, “indefinidamente en Brasil, lejos de su residencia, familia y trabajo”.

“Logramos el habeas corpus. Estamos conformes con la decisión”, dijo a LA NACION Carla Junqueira, la abogada brasieleña de Paéz. “Esta semana terminaremos los trámites” para que Agostina vuelva a la Argentina, agregó la letrada.

Más allá del permiso para volver a la Argentina, la decisión marca otro éxito de la estrategia legal de la defensa de Páez. Las pretensiones iniciales de la justicia carioca para permitir que la abogada influencer esperara la sentencia en su casa rondaban los 150.000 dólares, pero la Cámara concedió una reducción drástica que dejó la cifra en los aproximadamente 20.000 dólares estipulados en el fallo.

Este monto servirá como garantía para el pago de una eventual pena de multa y la reparación de daños a las víctimas, un requisito que incluso contó con el visto bueno del Ministerio Público para destrabar el regreso de Páez, de 29 años.

La decisión de la Octava Cámara no ahorró críticas para el juez de la 37ª Vara Criminal, quien originalmente había denegado el pedido de salida alegando que los tratados de cooperación entre la Argentina y Brasil eran documentos apócrifos.

El fallo de segunda instancia fue lapidario al recordar que el juez tiene la obligación de conocer la ley que regula la transferencia de presos y de cumplimiento de penas entre ambos países. Bajo esa lógica, si Páez tuviera derecho a volver incluso siendo condenada para cumplir su pena en la Argentina, resultaba un contrasentido impedirle el regreso, inclusive mientras todavía goza de la presunción de inocencia.

El altercado que originó la causa ocurrió el 14 de enero, a la salida de un bar en Ipanema, cuando la joven fue grabada mientras realizaba gestos racistas que imitaban los movimientos de un mono dirigidos a los empleados del establecimiento.

Al igual que Junqueira, fuentes próximas a la Justicia de Río indicaron que Páez podría estar de regreso en el país esta misma semana, dependiendo de la celeridad con la que se concrete el depósito de la caución. Una vez acreditado el pago, el juzgado deberá proceder con el retiro inmediato del equipo de monitoreo electrónico, la devolución del pasaporte y la emisión de la autorización formal de viaje hacia la Argentina.

Aunque el proceso penal por la supuesta práctica de racismo sigue su curso en Brasil, la decisión de la Cámara pone fin a lo que la defensa describió como una situación de injusticia.

Páez, quien admitió su error y pidió disculpas a las víctimas durante el proceso, podrá ahora esperar el dictado de la sentencia final en su domicilio, cerrando un capítulo de enorme exposición mediática y rigor judicial en el extranjero.