A paso lento camina la formalización del empleo doméstico en México, un sector que, a pesar de las reformas legales y la obligatoriedad de la seguridad social, sigue sumergido en una profunda precariedad. En el marco del Día Internacional de las Personas Trabajadoras del Hogar, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) reportó que apenas 59,000 personas cuentan con una afiliación vigente al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Esta cifra resulta alarmante cuando se contrasta con la realidad del mercado laboral mexicano, donde según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI al cierre del año pasado y principios de 2026, existen aproximadamente 2.5 millones de personas dedicadas a los servicios domésticos.

El universo de trabajadores con protección social apenas representa el 2.3% del total de quienes desempeñan esta labor en el país. El reporte oficial de la dependencia destaca que, de las personas actualmente afiliadas, el 65% son mujeres y el 35% son hombres. Si bien el esquema ha logrado que 46,000 personas alcancen ya una pensión y que 11,000 más inicien su vida laboral bajo la formalidad, el ritmo de incorporación parece insuficiente para cubrir a los millones que aún carecen de atención médica, incapacidades o ahorros para el retiro.

El acceso a la seguridad social no solo beneficia al trabajador titular, sino que extiende su cobertura a cerca de 72,000 beneficiarios, lo que eleva el impacto del programa a un total de 124,000 personas con protección integral. No obstante, la realidad estadística muestra que nueve de cada diez personas empleadas en el hogar son mujeres, y la gran mayoría percibe ingresos que no superan los dos salarios mínimos, enfrentando además jornadas que en muchos casos exceden las 48 horas semanales o, por el contrario, se fragmentan en empleos por días que dificultan su registro ante las autoridades.

Para intentar acelerar este proceso de dignificación, la Secretaría del Trabajo ha puesto a disposición de empleadores y trabajadores un modelo de contrato y una guía orientativa que busca simplificar los trámites y dar certeza jurídica a la relación laboral.

El reto para este 2026 sigue siendo el mismo que hace años, transformar la voluntad política y las herramientas legales en una realidad tangible para los más de dos millones de trabajadores que, día con día, sostienen el bienestar de las familias mexicanas desde la invisibilidad de la informalidad.