El gobierno mexicano rechazó el veredicto de un panel laboral del T-MEC en el caso de los trabajadores de la mina Camino Rojo, de la empresa Orla Mining, tras la resolución que señala que se cometieron violaciones graves a los derechos laborales en temas sindicales al favorecer a un grupo especifico mediante presiones y amenazas para que empleados cambiaran de afiliación.

En un comunicado, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social indicó que el análisis de hechos vinculados a conductas de posible naturaleza penal, la atribución de responsabilidades a sujetos distintos del patrón y la referencia a estándares no están previstos expresamente en el Tratado.

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“El Panel resolvió el caso de forma parcialmente en favor de México al rechazar la solicitud de Estados Unidos de anular la votación para la titularidad del contrato colectivo de trabajo (en la que prevaleció el Sindicato Beneficio de Minas), dado que reconoció que carece de facultades para proponer la modificación de una resolución judicial mexicana, por lo que consideró que cualquier revisión del procedimiento de titularidad solamente podrá realizarse a través de los tribunales mexicanos”, explicó la dependencia.

Subrayó que la actuación de las autoridades nacionales ha sido exhaustiva y verificable, pues en los meses de agosto-octubre de 2024, la STPS realizó una investigación derivada de la petición de Estados Unidos. En noviembre de 2024, se llevó a cabo una votación que legitimó el Contrato Colectivo de Trabajo con participación de autoridades del Poder Judicial, del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, de la STPS y de la Organización Internacional del Trabajo, y que fue confirmada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Además, de mayo de 2024 a octubre de 2025, la STPS realizó en la mina cuatro operativos de inspecciones, entrevistas semiestructuradas y capacitaciones (en dos ocasiones: octubre de 2024 y octubre de 2025) en materia de libertad de asociación y negociación colectiva a todas las personas trabajadoras de la mina (tanto sindicalizables como no sindicalizables)”, comentó.

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El gobierno mexicano reiteró su compromiso con el respeto y cumplimiento de los derechos de libertad de asociación y negociación colectiva de las personas trabajadoras, conforme al marco jurídico nacional y en coordinación con las autoridades competentes.

“En el contexto de los tratados comerciales, las autoridades mexicanas actúan de manera conjunta para la defensa de los intereses del Estado mexicano, preservando su soberanía para atender y resolver sus asuntos internos con base en el principio de buena fe”, agregó.

Afirmó que México continuará impulsando soluciones sostenibles mediante diálogo y el fortalecimiento de las instituciones laborales nacionales, a fin de garantizar el ejercicio efectivo de los derechos colectivos de las personas trabajadoras y la observancia de los compromisos internacionales asumidos por el país.

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“México reitera que el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida en Instalaciones Específicas se ha consolidado como una herramienta innovadora para impulsar el respeto a los derechos laborales en el marco de los acuerdos comerciales, y ha contribuido a avances en libertad sindical y en procesos democráticos en centros de trabajo donde aún persisten retos”, justificó.

Para preservar su legitimidad, la aplicación del Mecanismo debe realizarse con absoluta sensatez y equilibrio, con apego a los principios de buena fe y a lo acordado por las Partes, tanto en el T-MEC como en las Reglas de Procedimiento. Su implementación debe fortalecer las instituciones nacionales, sin menoscabar las decisiones soberanas y las facultades exclusivas de las autoridades mexicanas en la protección de los derechos laborales.