El miércoles 25 de marzo, por segunda vez en la semana, gremios, sindicatos, jubilados, pensionados, docentes y estudiantes volvieron a tomar las calles de Caracas y de otras ciudades del país para protestar por los bajos salarios y pensiones y por la persistente precariedad en las condiciones de vida.

Al cierre de la jornada, los dirigentes sindicales y estudiantiles anunciaron la convocatoria a una gran marcha nacional el próximo 9 de abril hacia el Palacio de Miraflores, con la intención de presentar sus demandas desatendidas directamente en el centro del poder político del país.

La amplitud territorial de la protesta ayuda a medir el malestar de la población. Según un balance preliminar del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), ese día se registraron 41 protestas en 16 de los 24 estados del país. Pero, más significativo aún que la amplitud territorial es que los informes del OVCS señalan que estas protestas no son hechos aislados, sino que forman parte de un clima de conflictividad social que se ha venido agudizando de manera sostenida en los últimos meses.

En Venezuela se viene dibujando con nitidez una amplia brecha entre las expectativas abiertas tras la captura y extracción de Nicolás Maduro a comienzos del año y la ausencia de mejoras sustanciales en las precarias condiciones de vida del venezolano. Esta tensión plantea un desafío decisivo para los próximos meses: si la estabilidad del proceso descansará en la represión del descontento popular o en una eventual rectificación del modelo de transición.

Al cierre de 2025, la protesta en Venezuela permanecía contenida por el efecto de la violenta política de represión sistemática ejercida por el chavismo en contra de la sociedad venezolana: en noviembre se documentaron en el país solo 162 manifestaciones y en diciembre apenas 123. Ese cuadro cambió de forma abrupta tras la captura y extracción de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026, cuando los ciudadanos retomaron con fuerza las calles para hacerse escuchar.

Los informes del OVCS señalan que los acontecimientos del 3 de enero produjeron un "punto de quiebre sin precedentes” que la ciudadanía, aquejada por una gran cantidad de demandas acumuladas e insatisfechas, interpretó como una posibilidad real de cambio político y justicia, y "como una ventana de oportunidad para reactivar la exigencia de derechos, especialmente aquellos vinculados a la libertad, la justicia y la participación política".

En enero de 2026, según los registros del OVCS, las protestas experimentaron un crecimiento explosivo, alcanzando la cifra de 622 protestas, quintuplicando al mes anterior (123 protestas). De esas movilizaciones ciudadanas, el 88 por ciento estuvo vinculado a derechos civiles y políticos, exigidos en gran medida de forma combinada (42 por ciento) junto con reclamos económicos, sociales y ambientales, los cuales se mantienen como "trasfondo estructural del descontento social” y que evidencian que la ciudadanía no separa la recuperación democrática de la recuperación material.

En febrero, el contraste entre las expectativas de cambio, la ausencia de mejoras tangibles y la lenta e insuficiente respuesta institucional, mantuvo a la gente en pie de lucha en la calle, registrándose 599 protestas, de las cuales 71 por ciento eran exigencias de derechos civiles y políticos. Como señala el OVCS: "la lentitud, opacidad y ausencia de libertad plena en los procesos de excarcelación detonaron jornadas persistentes de protesta”. Al mismo tiempo, el 76 por ciento de estas manifestaciones tuvo un carácter combinado, articulando esas demandas políticas con reclamos laborales —por salarios y pensiones justas— y con denuncias del colapso de servicios básicos como el agua y la electricidad.

El malestar del venezolano tiene bases muy concretas: la inflación de febrero fue de 14,6 por ciento mensual y la anualizada fue de 617,9 por ciento. Al mismo tiempo, el salario mínimo sigue congelado en 130 bolívares desde el 2022, lo que equivale a 28 centavos de dólar al cambio oficial del 23 de marzo, mientras el régimen ha privilegiado una exigua compensación a través de bonos que no inciden en las prestaciones sociales.

Todo ello ocurre en un contexto de colapso de servicios públicos esenciales. Recientemente, Delcy Rodríguez decretó un racionamiento eléctrico por 45 días y culpó a los rayos del sol porque "van a caer directamente" sobre el país. En resumen, el venezolano sigue inmerso en una prolongada crisis humanitaria compleja que, lejos de amainar, continúa profundizándose, tal como constató UNICEF en su reporte de enero de 2026.

Lo más grave de esta situación es que su raíz no es coyuntural, sino estructural. Como advierte el Observatorio Venezolano de Finanzas en un reciente memorándum (02.03.2026) sobre las restricciones estructurales y sus implicaciones para el crecimiento del país, Venezuela ya no padece solo una crisis de ingresos, sino una economía de baja productividad, con el aparato industrial devastado, cadenas internas de suministro fracturadas y una inserción cada vez más dependiente de importaciones y de un comercio de escaso valor agregado.

En este contexto, el estudio demuestra que el mecanismo de transmisión entre el petróleo y el resto de la economía se ha fracturado: el crecimiento petrolero ya no actúa como locomotora capaz de arrastrar al sector no petrolero. Esto implica que la eventual recuperación de los ingresos petroleros no garantizará, por sí sola, una mejora sostenible en la calidad de vida de los venezolanos.

Aunado a ello, el país no percibe avances genuinos del régimen postmadurista hacia una real transición política. Por ejemplo, el balance que hacen reconocidas organizaciones civiles defensoras de derechos humanos, como Justicia, Encuentro y Perdón, sobre la Ley de Amnistía es muy negativo. En su último informe, la ONG señala que esta ley "lejos de constituir un mecanismo genuino para proteger derechos humanos, opera como un espejismo jurídico y un instrumento de gestión política diseñado para mantener vigentes las estructuras de persecución sistémica en el país”.

En la misma dirección, pero respecto al proyecto de la Ley de Minas que se discute actualmente en la Asamblea Nacional, 21 organizaciones civiles, entre ellas SOS Orinoco, acaban de publicar un comunicado público donde alertan la grave amenaza que representa el proyecto de ley y denuncian que "este marco jurídico y político más que un instrumento regulador de control y transparencia sólo generará un barniz de legalidad al actual saqueo sistemático de la Amazonía y del Escudo Guayanés”.

Este choque entre las expectativas inminentes de cambio, las mejoras tangibles y la pobre respuesta institucional se ve agravado por la muy frágil legitimidad —tanto de origen como de ejercicio— de Delcy Rodríguez como presidenta interina.

La última encuesta de Meganalisis, con datos levantados entre el 18 y el 25 de febrero de 2026, muestra un rechazo casi unánime al interinato de Delcy Rodríguez: 9 de cada 10 encuestados respondieron que no estaban de acuerdo con que ella esté al frente de la transición.

Este rechazo tiene causas objetivas. Rodríguez fue designada por un presidente que se mantuvo en el poder mediante un colosal fraude electoral, lo que compromete de entrada la legitimidad de su nombramiento. Por otro lado, era una figura central del entorno de Maduro, donde ocupó algunos de los cargos más altos del Estado. Por tanto, es vista como corresponsable directa de la crisis que hoy padece el país.

Además, su frágil legitimidad de origen se ve aún más comprometida por su intento de tergiversar la Constitución a través del control que ejerce sobre el Tribunal Supremo de Justicia, con el fin de evadir la obligación de convocar elecciones este año ante la imposibilidad manifiesta de que Nicolás Maduro pueda ejercer el cargo. En este sentido, un grupo de reconocidos constitucionalistas —entre ellos los profesores Tulio Álvarez, Juan Carlos Apitz y Nelson Chitty La Roche— han advertido sobre las pretensiones del postmadurismo de mantener una "transición indefinida” sin renovación democrática.

Mientras tanto, el OVCS advierte que en los próximos meses es muy previsible que continúen las movilizaciones centradas en la recuperación de garantías para la participación política y la exigencia de justicia, junto con las demandas económicas, sociales y ambientales que siguen sin respuesta.

En este contexto, la situación del país puede complicarse aún más. Como advertía el reputado politólogo germano-español Juan Linz, ningún gobierno puede sostenerse cuando carece simultáneamente de legitimidad de origen y de legitimidad de ejercicio: sin una base mínima de consentimiento y sin resultados que generen obediencia voluntaria, la autoridad se vuelve frágil y depende únicamente de su capacidad coercitiva para sobrevivir.

Ese es exactamente el caso de Delcy Rodríguez, cuyas actuaciones tras la salida de Maduro parecen encaminadas más a preservar su poder que a dar paso a una verdadera transición democrática.

Por ello, el desafío para la dirigencia democrática venezolana es lograr que se produzca una corrección del actual modelo de transición, de modo que el país pueda encaminarse realmente hacia una verdadera democracia y no hacia una estabilidad del postmadurismo sostenida por la fuerza.

(ms)