La crisis de desapariciones en México sigue siendo una de las principales preocupaciones en materia de derechos humanos. Tras la presentación del más reciente informe oficial por parte del gobierno, Amnistía Internacional advirtió que, pese a avances en localización, el país aún enfrenta una emergencia con más de 132,000 personas desaparecidas y miles de familias que continúan en búsqueda de sus seres queridos.

En su posicionamiento, a través de redes sociales, la organización internacional llamó al gobierno mexicano a no limitar la estrategia a acciones institucionales, sino a garantizar la participación activa de familiares de víctimas, colectivos y especialistas en el diseño e implementación de las políticas públicas.

Asimismo, subrayó la importancia de que la metodología para depurar y actualizar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas sea pública y transparente, con sustento en criterios científicos y análisis de datos verificables.

Bajo la consigna #SinLasFamiliasNO, Amnistía insistió en que cualquier estrategia que excluya a las víctimas corre el riesgo de ser incompleta e ineficaz.

El pronunciamiento se da en un contexto en el que el gobierno federal reportó más de 394,000 registros históricos de personas desaparecidas y no localizadas, de los cuales 132,534 continúan en esa condición.

Uno de los puntos más críticos del informe oficial es que una parte significativa de los casos, más de 46,000, carece de información básica, lo que dificulta o incluso impide iniciar procesos de búsqueda. Autoridades reconocieron que durante años se permitieron registros sin datos mínimos, con nombres incompletos o referencias imprecisas, lo que hoy representa un obstáculo estructural.

A pesar de estos esfuerzos, Amnistía Internacional advirtió que la magnitud del problema refleja no solo fallas institucionales acumuladas, sino también la necesidad de una política integral que coloque a las víctimas en el centro.

La organización recordó que las desapariciones, en muchos casos, implican violaciones graves a los derechos humanos y generan un impacto prolongado en las familias, que enfrentan incertidumbre, riesgos y una búsqueda constante en medio de limitaciones estructurales.

En este contexto, insistió en que la transparencia, la participación social y el fortalecimiento de los registros son elementos clave para avanzar en la atención de una de las crisis más profundas del país.