El Gobierno del presidente Nayib Bukele ha dado un nuevo paso en su objetivo por pacificar las calles de El Salvador con políticas de mano dura al lograr este viernes la ratificación por parte del Congreso de una reforma constitucional que contempla el endurecimiento de las penas para los delitos más graves, incluidos aquellos en los que el autor sea un menor de edad.

La medida recibió el apoyo de 58 legisladores, principalmente del partido Nuevas Ideas de Bukele, pero también de algunos de sus principales aliados, así como uno del opositor Alianza Republicana Nacionalista (ARENA). La sesión sirvió además para prorrogar, una vez más, el estado de excepción, que cumple cuatro años de vigencia precisamente este 27 de marzo.

Desde el Gobierno defienden la reforma como una medida de prevención que busca penas "extremas" para "delitos extremos". "Es para que el ciudadano entienda que ante un delito extremo como los que estamos estudiando existen también penas extremas", defendió el legislador oficialista Raúl Chamagua.

A pesar del apoyo sin ambages de Bukele, la polémica reforma ha requerido de varias rondas de votaciones en los últimos meses para su aprobación. Sus críticos consideran que la medida debilita el sistema de contrapesos del Estado e, incluso, socava la democracia en El Salvador.

"Si en nuestro país no existiera el riesgo de que personas inocentes sin vínculos con pandillas sean capturadas, si no existieran denuncias graves sobre abusos y detenciones sin pruebas, entonces, podríamos decir que sí, sin dudarlo”, opinó Cesia Rivas, dirigente del único partido que votó en contra, Vamos.

Un aspecto especialmente controvertido de la enmienda constitucional es la posibilidad de que los menores de edad puedan ser condenados a cárcel de por vida. La reforma de la Ley Penal Juvenil establece en su artículo 8 que "el menor que cometiere un hecho tipificado como delito o falta de acuerdo a la legislación penal solo podrá ser sometido a las siguientes medidas y penas: pena de prisión perpetua".

"En el caso de los delitos cuya pena sea la prisión perpetua, se impondrá esta y la revisión de la misma se hará conforme a lo dispuesto en el Código Penal", concluye la enmienda.

En marzo de 2022, Bukele desató una guerra contra las pandillas que campaban a sus anchas en buena parte del país y declaró el estado de emergencia. La medida, inicialmente temporal pero que ha ido siendo prorrogada sucesivamente desde entonces, ha permitido al Ejecutivo suspender una serie de derechos constitucionales. Desde entonces, se estiman que unas 91.650 han sido detenidas por sus presuntos vínculos con organizaciones criminales. Unas 8.000 ya han sido puestas en libertad tras demostrarse su inocencia.