Solo uno de cada diez delitos denunciados en México termina con una sentencia o solución efectiva. Detrás de esta grave insuficiencia institucional hay muchas razones. Una de ellas —como veremos en este artículo— es el archivo temporal. En teoría, esta figura permite pausar investigaciones que carecen de pruebas; sin embargo, se ha convertido en un cajón sin fondo donde se acumulan desde robos hasta homicidios.

El 17 de marzo, México Evalúa presentó el reporte Radiografía de la Impunidad, 2024 y la plataforma Data Justicia. En ambos evaluamos los niveles de impunidad en los estados de la república a partir de las diferentes salidas que ofrece el sistema de justicia penal (SJP). Nuestra nueva metodología posibilita evaluar las entradas y salidas al SJP, los estancamientos o cuellos de botella dentro de los procesos y, en su extremo opuesto, los casos que quedan sin una respuesta y, por lo tanto, implican impunidad.

Nuestro índice arrojó que el promedio nacional es de 89.42% de impunidad. Es decir, solo uno de cada 10 casos que entran a fiscalías tiene alguna resolución efectiva. Para poder calificarla como “efectiva”, el caso iniciado debe concluir por medio de una sentencia o alguna resolución que utilice justicia alternativa, como la suspensión condicional del proceso o los mecanismos de solución de controversias (MASC).

Más de dos tercios de las entidades tienen niveles de impunidad por encima del promedio nacional. Las que destacan negativamente por sus resultados altos son: Jalisco, Morelos, Guerrero, Estado de México y Ciudad de México. En estos estados menos de cinco casos de cada 100 tienen soluciones efectivas. Dicho de otro modo, 95% de los ciudadanos no obtienen justicia cuando acuden a las fiscalías a levantar denuncias.

Por su parte, Michoacán, Nayarit, Yucatán, Puebla y Querétaro son los estados con los niveles de impunidad más bajos. Los resultados favorables de estas entidades se explican por dos razones: el uso constante de justicia alternativa, principalmente MASC, y el bajo uso del archivo temporal.

En los siguientes párrafos hacemos un acercamiento al archivo temporal, que es una de las respuestas más frecuentes que dan las fiscalías. Equivale a dejar los casos abandonados en un cajón o en bodegas llenas de papeles.

¿Qué es el archivo temporal?

El archivo temporal es una determinación que toman las fiscalías cuando consideran que no existen elementos suficientes para continuar con una investigación. Es como “pausar” el caso, pues no se concluye definitivamente: se mantiene en espera hasta que se encuentren pruebas que permitan seguir el proceso penal. El problema es que, si bien esta figura jurídica cumple la función de dirigir recursos hacia aquellos casos que sí tienen las condiciones para investigar, la mayoría de las fiscalías tienen los cajones a punto de explotar y año con año siguen enviando casos nuevos al archivo.

En casos específicos, el archivo temporal puede ser una salida razonable. Por ejemplo, un robo aislado de autopartes tiene sentido que se archive si no hay cámaras en el lugar de los hechos u otras formas de encontrar a los responsables. Sin embargo, si en vez de simplemente archivar casos individuales se realizan análisis de los robos archivados con las mismas características, incluso en este tipo de hecho delictivo se podría dar con las personas que lo cometieron. Por otra parte, también delitos de alto impacto como homicidio, secuestro y violencia familiar no deberían estar archivados hasta que se agoten todas las líneas de investigación o se logre una salida justa. En el primer caso, el archivo permite priorizar la atención a casos con mayor probabilidad de resolución, mientras que en el segundo es un mecanismo de evasión de responsabilidades de la fiscalía que refleja su falta de capacidad de investigación.

Los delitos del archivo

A partir de las respuestas de los 19 estados que atendieron a nuestras solicitudes de información (ver el listado en el gráfico), obtuvimos que el delito más archivado durante 2024 fue el robo, con más de 80 mil casos. Sigue la violencia familiar con 21 mil archivos y las lesiones con 12 mil. En los casos de violencia familiar casi siempre hay una persona responsable identificada, por lo que la investigación no es completa, y no obstante terminan archivados. En total, en estas entidades se archivaron 177 mil 331 delitos en 2024. Cabe resaltar que encontramos que Puebla tiene una política de no enviar nada al archivo temporal.

Incluso hay casos de homicidio que fueron archivados en 2024. Esto confirma que en la práctica, el archivo temporal opera como una bodega, pues las carpetas se almacenan, se acumulan y rara vez se reactivan. A pesar de que sí es posible que se reabran en el futuro cuando aparezcan nuevas pruebas, en la realidad la mayoría queda en un limbo indefinido.

Recomendaciones para reducir la impunidad

En el reporte encontramos que las entidades con menor impunidad suelen mostrar un uso moderado del archivo temporal. Esto nos habla de que la solución no es eliminar esta conclusión, sino moderar su uso y fortalecer las condiciones de investigación de las fiscalías para que utilicen y analicen la información de casos archivados. También sería necesario implementar mecanismos de seguimiento y revisión que eviten que estos casos se conviertan en expedientes olvidados.

Como mencionamos al inicio de este texto, en este esfuerzo de identificar por qué los delitos quedan en impunidad en México, hemos diseñado la nueva plataforma Data Justicia. Invitamos a la ciudadanía a consultar en ella el número de casos que terminan en el archivo en cada entidad federativa, así como los datos referentes a otras salidas del sistema de justicia penal.

*Susana Camacho es coordinadora del Programa de Justicia de México Evalúa y Valeria Campuzano es investigadora en dicho programa.