En plena ofensiva de la Administración Trump contra Irán, la Casa Blanca invoca la seguridad nacional para pedir una exención de la Ley de Especies en Peligro de Extinción (Endangered Species Act) que permita ampliar la perforación de petróleo y gas en el golfo de México. Los grupos ecologistas advierten de que podría sentar un precedente peligroso para futuros proyectos de combustibles fósiles.

Los ecologistas sostienen que el Gobierno no ha seguido el procedimiento debido y tratan de frenar la iniciativa antes de que el secretario del Interior, Doug Burgum, convoque al Comité de Especies Amenazadas el 31 de marzo. El órgano, apodado 'God Squad' por organizaciones que aseguran que puede decidir el destino de una especie, está formado por seis altos cargos federales y un representante de los estados implicados.

Los planes concretos de la Administración para el golfo no están claros, pero los expertos señalan que el Gobierno tendría que precisar qué necesidad militar amenaza a una especie concreta para justificar una exención por motivos de seguridad nacional.

Las organizaciones ecologistas temen que una exención general abra la puerta a que la Administración siga adelante con proyectos de petróleo y gas sin tener en cuenta a varias especies, entre ellas la ballena de Rice, de la que solo quedan unas 50 en el golfo.

"No hay justificación imaginable para sacrificarlas", afirma Steve Mashuda, director jurídico para océanos de la ONG Earthjustice. "Resulta de una temeridad extrema siquiera plantearse dar vía libre a la extinción de tortugas marinas, peces, ballenas, rayas y corales para seguir engordando los bolsillos de la industria petrolera a costa del interés público".

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El Center for Biological Diversity presentó la semana pasada una demanda para impedir la celebración de la reunión del comité, alegando que no se habían cumplido varios requisitos previos.

Entre ellos, presentar la solicitud en un plazo de 90 días desde la emisión de un dictamen biológico que concluya que la existencia de una especie concreta está en peligro. La organización sostiene además que la audiencia debe ser pública y que debe presidirla un juez de lo contencioso-administrativo.

La petición del centro será examinada el 27 de marzo por el juez del Distrito de Columbia Rudolph Contreras, nombrado por Obama y que ya ha fallado en contra de la Administración Trump en el pasado.

El comité se creó en 1978 como mecanismo para conceder exenciones a proyectos respecto a la Ley de Especies en Peligro de Extinción, que prohíbe dañar o matar especies incluidas en una lista protegida, cuando no exista una alternativa que aporte los mismos beneficios económicos en una región o cuando se considere que va en interés del país.

El comité solo se ha reunido tres veces en sus 53 años de historia y únicamente ha concedido dos exenciones. La primera fue en 1979 para permitir la construcción de una presa en el río Platte, en Wyoming, hábitat de la grulla trompetera.

La última reunión fue en 1992, cuando autorizó la tala en hábitats del búho manchado del norte en Oregón. Esa solicitud de exención se retiró posteriormente.

Cuando regresó a la Casa Blanca en enero, el presidente Donald Trump instó a que el comité se reuniera cada tres meses como parte de su agenda para despejar el camino al desarrollo energético interno. Pero la reunión prevista para el martes 31 de marzo sería la primera.

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En un escrito presentado ante el Tribunal la noche del 25 de marzo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos sostuvo que ninguno de los requisitos de la ley es aplicable porque el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha invocado las disposiciones de seguridad nacional.

En su petición a Burgum para que convocara al comité, Hegseth afirmó que "consideraba necesario, por razones de seguridad nacional, eximir de los requisitos de la Ley de Especies en Peligro de Extinción todas las actividades de exploración y desarrollo de petróleo y gas en el golfo de América" bajo supervisión de agencias federales, según el escrito de Justicia.

El Departamento de Justicia sostiene que el Center for Biological Diversity no puede demandar preventivamente ante eventuales decisiones futuras del comité. Añade además que los documentos pertinentes se harán públicos el martes y que, dado que la reunión se retransmitirá en directo por internet, se cumple la exigencia de celebrarla de forma pública.

El Departamento de Defensa no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios.

Los expertos señalan que las exenciones por motivos como la seguridad nacional estaban pensadas para concederse solo en emergencias raras y extremas.

"La Ley de Especies en Peligro de Extinción no está frenando el desarrollo de petróleo y gas, punto. No lo hace. Entonces, ¿por qué hace falta una exención?", plantea Patrick Parenteau, profesor emérito de la Facultad de Derecho y Posgrado de Vermont que ayudó a redactar los criterios del comité.

A su juicio, la Administración invoca la seguridad nacional "simplemente para decir, en esencia, que no quiere que la Ley de Especies en Peligro de Extinción interfiera en el desarrollo de los combustibles fósiles y que va a hacer todo lo posible para evitarlo".

Los expertos también ponen en duda que una exención sea una herramienta eficaz para afrontar las sacudidas en el mercado del petróleo tras la guerra entre Estados Unidos e Irán.

"Creo que esto tiene sobre todo que ver con el mensaje, porque perforar nuevos pozos de petróleo y gas en alta mar lleva años", afirma Michael Gerrard, director del Sabin Center for Climate Change Law de la Universidad de Columbia. "No está claro que esto vaya a permitir perforar nuevos pozos que aún no se hayan abierto... Cuesta imaginar que sirva para abordar la crisis con Irán, salvo que se prolongue durante mucho tiempo".

Este texto fue traducido con la ayuda de inteligencia artificial. Informar de un problema : [[email protected]].