El Senado de la República alcanzó un hito legislativo en la lucha por los derechos humanos y la integridad de las mujeres en el país. En una sesión marcada por el consenso político, la Comisión Primera de la cámara alta aprobó por unanimidad, en tercer debate, el proyecto de ley que busca erradicar definitivamente la práctica de la mutilación genital femenina (MGF) en el territorio nacional.

Con este paso, la iniciativa queda a tan solo un debate en la plenaria del Senado para convertirse en ley y cerrar un capítulo de violencia sistemática que ha afectado históricamente a las mujeres en el país, sobre todo de comunidades indígenas.

La iniciativa, identificada como el proyecto de Ley 440 de 2025 de Senado (acumulado con el 239 de 2024 de Cámara), es el resultado de un esfuerzo conjunto liderado por las representantes Jennifer Pedraza (senadora electa), Alexandra Vázquez y Carolina Giraldo, junto a la senadora Angélica Lozano.

El texto no fue construido de manera aislada; por el contrario, las autoras adelantaron un proceso de concertación y diálogo intercultural con representantes de la gran nación Embera.

Durante el trámite en la Comisión Primera del Senado, la ponencia estuvo a cargo de la senadora Clara López, y contó con el respaldo mayoritario de los congresistas.

El debate puso de manifiesto que Colombia ocupa una posición alarmante en el continente, al ser el único país de América Latina en el que se han registrado casos de ablación o mutilación genital femenina.

Esta práctica, que afecta mayoritariamente a niñas menores de un año, ha mostrado una tendencia decreciente en los últimos años, pero las cifras siguen siendo preocupantes:en 2023 se reportaron 91 casos, seguidos por 54 en 2024 y 39 registros durante el año 2025, con una incidencia crítica en el departamento de Risaralda.

Desde una perspectiva de salud pública, el proyecto de ley subraya las devastadoras consecuencias físicas y psicológicas que conlleva la mutilación genital femenina (MGF).

En el corto plazo, las víctimas se enfrentan a riesgos inminentes de hemorragias severas, infecciones agudas, dolor extremo e incluso la muerte por falta de condiciones higiénicas.

En un largo plazo, las secuelas incluyen complicaciones obstétricas, disfunciones sexuales permanentes y trastornos psicológicos profundos como depresión y estrés postraumático. Al prohibir esta práctica, el Estado colombiano busca garantizar el derecho a una vida plena y saludable, rompiendo círculos de desigualdad de género y violencia física.

El siguiente paso para esta iniciativa será su discusión final en la plenaria del Senado de la República.

La representante Jennifer Pedraza aseguró, posteriormente a la aprobación en tercer debate del proyecto, que: “Parte de saldar la deuda histórica del Estado colombiano con las comunidades indígenas implica una política pública que progresivamente garantice su salud de manera integral, y esto pasa sí o sí por erradicar este fenómeno tan violento y tan limitante para las mujeres y para las niñas de las comunidades indígenas y de algunas comunidades afrodescendientes.”

Además, señaló que este último debate que falta debe aprobarse antes del 20 de junio para que se vuelva ley en el país.

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